Robotaxis en Estados Unidos: cuatro ciudades marcan el pulso regulatorio ante la ausencia de una ley federal

El Congreso de Estados Unidos no logró sancionar una ley nacional que establezca estándares de seguridad para los vehículos autónomos. Esa demora derivó en que cada municipio y legislatura estatal defina, por su cuenta, qué pueden hacer estos autos en sus calles. El resultado es un conjunto de normas desiguales según la jurisdicción, un escenario que la industria buscaba precisamente evitar.

En el centro del debate se encuentra la circulación de robotaxis operados por empresas como Waymo, la división de conducción autónoma de Alphabet, y Tesla, que promociona su modelo Cybercab como un vehículo sin volante ni pedales. La falta de un marco federal empujó a los gobiernos locales a regular, con herramientas dispares, un sector tecnológico en expansión.

Minneapolis: un operador humano dentro de cada vehículo

El Concejo Municipal de Minneapolis trabaja en una ordenanza que requeriría un operador humano pago dentro de cada vehículo autónomo. La concejala Robin Wonsley, autora del proyecto, sostuvo que la ciudad no desplegará condiciones favorables para que las grandes empresas tecnológicas desplacen a los trabajadores locales. Waymo calificó esa propuesta como una prohibición de hecho a los vehículos sin conductor, y recordó que la empresa opera más de quinientos mil viajes semanales en quince ciudades de Estados Unidos sin requerir monitores a bordo.

San Diego, Austin y Washington D.C.: restricciones por aeropuerto, emergencias y flota

• En San Diego, el Concejo aprobó una resolución para prohibir que Waymo opere en el aeropuerto internacional y para dar a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos en situaciones de emergencia. El concejal Sean Elo-Rivera destacó que los conductores y pequeños comercios locales cumplen regla tras regla para ganarse la vida.
• En la misma línea, en Austin los bomberos expresaron preocupación por los Cybercab de Tesla, que no cuentan con volante ni pedales. El cuerpo de bomberos solicita a los fabricantes protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos de comunicación con operadores humanos para atender contingencias.
• Washington D.C. concentra la discusión más detallada en cifras. El concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limitaría a doscientos vehículos la flota de cada operador, postergaría el inicio del servicio comercial hasta 2028 y establecería una tarifa por milla recorrida para financiar el transporte subterráneo y compensar a conductores de aplicaciones. Allen indicó que espera una votación en su comisión antes de fin de noviembre, lo que habilitaría un voto del pleno del Concejo en diciembre.

Los gobiernos locales no tienen potestad sobre los estándares de fabricación de los vehículos, materia reservada a la administración federal. Sin embargo, pueden regular el uso de las calles, fijar topes de flota, restringir zonas de circulación y exigir condiciones operativas. Esa es la herramienta que están utilizando las ciudades para intervenir en un mercado que las grandes tecnológicas desarrollan con reglas propias.

Quedan por delante interrogantes que el material disponible no permite responder: si alguna de estas ordenanzas o resoluciones será finalmente promulgada, cómo reaccionarán las empresas afectadas en términos judiciales o de expansión de servicios, y si el Congreso estadounidense avanzará con un marco nacional que ordene la materia. Hasta tanto esos puntos se definan, el pulso regulatorio continuará en manos de los concejos municipales.