Procesan a Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución sostiene que el exagente de la SIDE intervino en maniobras para incorporar al circuito económico formal dinero que, según la investigación, provendría de la explotación sexual de mujeres.

La discusión central pasó por las fechas de las operaciones

Uno de los ejes del debate entre la defensa y el juzgado fueron las fechas de las operaciones investigadas. Martins se negó a responder preguntas durante la indagatoria y presentó un escrito en el que reclamó su sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.

En ese descargo, el acusado sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— corresponden a los años 2009, 2010, 2011 y 2012. A su entender, esas maniobras fueron anteriores al período del delito de explotación sexual que quedó firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Además, afirmó que ese antecedente se reduce al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. En cuanto a otros nueve establecimientos, aseguró que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

El criterio de la magistrada

Fuentes oficiales del caso confirmaron que Servini consideró que existían elementos suficientes para dictar el procesamiento. La jueza explicó que una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no alcanza para descartar las maniobras.

La magistrada evaluó en conjunto la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Según la resolución, Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros.

Origen del expediente y situación procesal

El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, luego de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual en el local de Villa General Mitre. La pesquisa quedó a cargo de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N°2, según consta en las actuaciones.

Martins, de 77 años, fue detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún. Tras su llegada al país quedó a disposición del Juzgado Federal N°1 de la Capital, a cargo de Servini. Por el momento, no se confirmó la fecha de la próxima audiencia, aunque fuentes del caso indicaron que la defensa apelará la resolución.