Mendoza abre una mesa gratuita para renegociar deudas de tarjetas y préstamos al consumo

En Mendoza, los consumidores finales con domicilio real en la provincia ya pueden sentarse a una mesa oficial para tratar de ordenar su situación con tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos de consumo. La Provincia puso en marcha un procedimiento de conciliación gratuito que permite renegociar condiciones con los acreedores cuando el peso de las cuotas empieza a poner en jaque los ingresos del hogar. La herramienta funciona como una instancia previa y voluntaria: no obliga a los bancos ni a las financieras a conceder quitas ni a estirar plazos, pero les abre la puerta a discutirlo en un marco regulado.

Quiénes pueden pedir la conciliación y qué deudas entran

Pueden solicitar la intervención las personas humanas que califiquen como consumidoras finales y que atraviesen una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El parámetro central es económico: los compromisos financieros deben superar el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Cuando hay vulnerabilidad social acreditada, ese umbral baja al 25%.

En el universo de vulnerabilidad la norma incluye a hogares con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales. A ese filtro se suma un tope de capital: la deuda total no puede exceder el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir el trámite.

Qué queda afuera y qué se puede negociar

La conciliación no es una puerta abierta para cualquier deuda. Quedan fuera del procedimiento las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, y también los pasivos empresariales o comerciales que no sean de consumo familiar. Es decir, está pensada para compromisos asumidos por una familia para atender su vida cotidiana, no para empresas ni para deudas respaldadas con la casa.

Dentro del marco habilitado, la renegociación puede contemplar más tiempo para cancelar lo adeudado, períodos de gracia, eliminación o reducción de intereses punitorios y gastos por mora y esquemas de cuotas distintos a los originales. También es viable la quita de capital, pero siempre como resultado de un acuerdo: el Estado mendocino no tiene atribuciones para imponer condiciones de manera unilateral a los acreedores. Si una financiera decide no aceptar la propuesta, el trámite se cae para ese compromiso y la deuda sigue corriendo como hasta ahora.

El primer paso es concurrir a la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente del área de Defensa del Consumidor. Quien inicia el trámite debe llevar el listado de acreedores, los importes adeudados y un detalle actualizado de sus activos y pasivos. Con esa información, la oficina cita a los acreedores, que cuentan con un plazo de hasta diez días hábiles para responder y plantear su posición.

El procedimiento es gratuito para el consumidor y la instancia se completa en el ámbito administrativo, sin necesidad de ir a la Justicia. Aun así, vale recordar que la conciliación es una herramienta de negociación, no una solución mágica: si los acreedores no aceptan las condiciones propuestas, la deuda original se mantiene intacta y sigue bajo las reglas del contrato original. Para quienes hoy están pagando compromisos que ya les comen más de un tercio del sueldo, el dato clave es que existe un canal formal para sentarse a discutir, y que el primer paso se da en la OCDC con la documentación a mano.