Lavado y narcotráfico: piden detener a exdirectivos del Puerto de Rosario y a un hijo del ex presidente catalán Pujol

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que investiga lavado de activos proveniente de dos orígenes: sobornos cobrados en España y ganancias del narcotráfico rosarino. La maniobra, según la acusación, se extendió durante casi 16 años.

El eje de la pesquisa

La investigación tiene como principal apuntado a Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas, precisaron fuentes del caso.

La conexión con Cataluña

La causa actual suma otra capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR fondos provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola: 1.850.000 euros transferidos a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española determinó, en un fallo confirmado en 2021, que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema en tres pasos

• El dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había entrado como 'inversión' salía como 'precio de venta'.
• Parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el tramo final, los fiscales identificaron al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de conferir apariencia lícita al dinero, detallaron fuentes oficiales.

El pedido de embargo alcanza unos 100 millones de dólares. La causa se tramita en el fuero federal y los investigadores esperan definir en los próximos días la fecha de las audiencias imputativas, donde se formalizarán los cargos contra los detenidos.