Cuando el Estado se hace esperar: la odisea cotidiana de las familias con discapacidad en Córdoba

Son las nueve de la mañana y, otra vez, Carolina tiene que decidir si llama al hospital para pedir un turno o si ya perdió la mañana. Tiene 47 años, vive en un barrio del sur de la ciudad de Córdoba y desde hace dos años acompaña a su hijo en un periplo que ella describe, con una mezcla de cansancio y ternura, como una maratón sin línea de llegada. Lo que ella cuenta, palabra más palabra menos, es lo mismo que escucharon una y otra vez los equipos de la Defensoría del Pueblo de Córdoba durante los últimos meses, y que quedó plasmado en un informe presentado el 5 de octubre de 2026 con un título que interpela: la discapacidad en la provincia sigue siendo un camino de esperas, formularios y gastos que pesan, sobre todo, sobre los hogares más vulnerables. Yo, que sigo estas historias desde hace años, reconozco en su relato una realidad que se repite en muchas mesas familiares: la de quien termina aprendiendo a moverse entre ventanillas con la misma paciencia con la que se mueven las agujas del reloj cuando una espera que la atiendan.

Trámites que se miden en meses, no en días

El documento elaborado por la Defensoría pone números y plazos a esa percepción. Para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales; dos de ellos son pediátricos y allí los turnos se otorgan con esperas que van de dos a tres meses. A esa primera barrera se suman las dificultades para conseguir consultas con los especialistas que deben intervenir en el proceso, un paso previo que muchas veces se vuelve tan trabado como el trámite principal. Quienes ya tienen el certificado y necesitan una prestación concreta se enfrentan a plazos todavía más largos: Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo de la investigación, habló de demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y de esperas de entre nueve y catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son períodos extraídos de los testimonios recogidos y no permiten anticipar cuánto demorará cada caso particular, pero sirven para dimensionar lo que significa, en la vida real, esperar casi un año entero para empezar a tratar a un hijo, a un padre o a un hermano.

“Las demoras no son un dato aislado: cuando se cruzan con el costo de las terapias, el transporte y los apoyos escolares, terminan definiendo si una familia puede sostener o no un tratamiento.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

A la espera se le suma, como una sombra que siempre la acompaña, la cuestión económica. Una de las madres entrevistadas contó que, después de sostener durante alrededor de dos años la atención por su cuenta, llegó a desembolsar entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, sin contar traslados ni materiales. Es una cifra que, traducida al lenguaje del barrio, significa elegir entre pagar la terapia o completar la changa, entre llevar al chico a la consulta o reponer la garrafa. El informe también registra un dato que las organizaciones de discapacidad vienen señalando hace tiempo: la sobrecarga de los cuidados recae de manera pronunciada sobre las mujeres. Hay madres que achicaron su jornada laboral, que renunciaron a proyectos propios o que directamente dejaron de trabajar para poder acompañar a sus hijos en turnos que se superponen, en viajes que duran horas y en trámites que se repiten.

Prestadores ahogados y transporte que se vuelve lujo

Las dificultades no terminan en las familias. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta de un año en los pagos que deben recibir los prestadores por parte de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional que fija los valores de las prestaciones aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en el mismo período. El desfasaje, claro, se traslada a la calidad y a la continuidad de los servicios: hay instituciones que, según el documento, redujeron gastos de funcionamiento, ajustaron honorarios profesionales o directamente dejaron de tomar nuevos pacientes porque no llegan a fin de mes. A ese cuadro se suma otro dato que golpea fuerte: en ese mismo tramo, la nafta súper subió un 559% y el valor reconocido por kilómetro en los sistemas de transporte para personas con discapacidad se actualizó apenas un 231%, lo que vuelve cada viaje un cálculo cuesta arriba para quien lo paga y para quien lo presta. Y así, mientras las cifras se discuten en escritorios que a veces parecen muy lejanos, la escena vuelve a la cocina de Carolina, que sigue anotando turnos en una agenda, porque es la única manera que conoce de transformar la espera en algo parecido a un plan.